El Consejo de Ministros aprobó el 2 de noviembre un Real Decreto que modifica a su vez el RD 219/2013, de 22 de marzo, que incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
El objetivo de esta modificación, que transpone la Directiva 2017/2102/UE –que modifica a la de 2011–, es facilitar las operaciones del mercado secundario que impliquen la sustitución de piezas de recambio, la actualización de funciones o la mejora de la capacidad, permitiendo la reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos, lo que también facilita de este modo la transición hacia una economía circular.
Se promueve que determinados aparatos puedan mantenerse en el ciclo productivo y de consumo más tiempo, limitando los residuos que proceden de los aparatos eléctricos y electrónicos, a la vez que se asegura el correcto mantenimiento de los niveles de protección ambiental, de salud y de protección de los consumidores en el espacio europeo.
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