La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, persigue aportar mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio.
Para ello, establece la obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales,sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.
En este sentido, la ley incorpora en distintos artículos (93, 94, 124, 125, 126, 127 y 128) menciones al uso de normas técnicas y de evaluadores de la conformidad acreditados.
Por este motivo, la Asociación Española de Normalización, UNE, y la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) han elaborado conjuntamente una guía para facilitar la aplicación eficaz y eficiente de los artículos mencionados.
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